Un informe reciente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expone un patrón de tácticas agresivas y abusos por parte de las autoridades migratorias en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. El análisis cubre 1,213 incidentes ocurridos en 2022 y muestra que estos no son casos aislados, sino una tendencia frecuente dentro de la estrategia antiinmigrante de la administración.
Datos clave
- ¿Quién?: ACLU, autoridades migratorias de EE. UU.
- ¿Qué?: Informe sobre abusos en operativos migratorios.
- ¿Dónde?: Ocho estados de EE. UU.
- ¿Cuándo?: Publicado el 13 de julio de 2023.
- ¿Cuántos casos?: 432 abusos documentados.
Entre las conclusiones del informe, más del 35% de los incidentes revisados reflejan abusos. Esto incluye 80 casos de maniobras de estrangulación, 361 donde se utilizaron agentes químicos y 418 incidencias de uso de fuerza física como empujones o derribos. De estos operativos, al menos 119 personas resultaron heridas, mientras que 130 casos involucraban la exhibición de armas de fuego.
Las tácticas documentadas también incluyen acciones letales. Se revisaron 16 incidentes de uso de la fuerza letal, varios de los cuales comenzaron como simples paradas de vehículos. Uno de los relatos más inquietantes incluye el caso de Tiago Alexandre Sousa-Martins, quien fue disparado después de que agentes rompieran la ventanilla de su camioneta al intentar escapar. Situaciones similares ocurrieron con Francisco Longoria en California. Ambos sobrevivieron, aunque el informe también destaca casos fatales.
¿Qué evidencias respaldan el informe?
La ACLU documenta actos de agresión no solo contra inmigrantes en situación irregular, sino también contra ciudadanos estadounidenses. Se identificaron 155 ciudadanos que enfrentaron detenciones o abusos durante los operativos migratorios. El informe también hace referencia a prácticas de detenciones indiscriminadas en lugares donde frecuentan inmigrantes, como gasolineras y supermercados.
Además, las denuncias han sido corroboradas por relatos de activistas y abogados de inmigración, quienes destacan el uso excesivo de la fuerza y condiciones inhumanas en centros de detención. Los operativos se caracterizan por la falta de un objetivo claro, basándose en la apariencia física de las personas.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido sus operaciones, aduciendo que su objetivo es la seguridad pública y la eliminación de delincuentes. Sin embargo, el informe señala una disminución en la supervisión del uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias, lo que ha suscitado preocupación y críticas por parte de defensores de los derechos civiles.
Se espera que esta investigación impulse el debate sobre la reforma de la política migratoria y las prácticas de aplicación de la ley.
Con información de elpais.com