La decisión de la Suprema Corte reafirma el control legislativo en Campeche, crucial para la transparencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, no puede aprobar obras públicas sin la autorización del Congreso local. Esta medida asegura el equilibrio de poderes y previene la concentración de facultades en el Ejecutivo. El máximo tribunal destacó la importancia de la supervisión legislativa en la gestión del gasto y recursos públicos. La intervención del Congreso es clave para mantener la transparencia y el control institucional. Algunos políticos en Campeche aplauden la decisión, argumentando que fortalece el papel del Legislativo. Sin embargo, sectores del gobierno estatal advierten que esto podría frenar proyectos de infraestructura.
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