Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria. - La administración de Canarias ha identificado 53 áreas prioritarias de intervención en sus carreteras para mitigar el impacto del tráfico sobre las comunidades circundantes. Este diagnóstico es parte de la cuarta fase de los planes de acción contra el ruido en las principales vías del archipiélago, que busca reducir la contaminación sonora en aproximadamente un 26%, acercándose al umbral del 30% que la Unión Europea ha establecido como objetivo para 2030.
Por primera vez, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad asumirá la gestión de los mapas estratégicos y la elaboración de planes de acción contra el ruido, funciones que antes correspondían al área de medio ambiente. Con este cambio, el Gobierno pretende actualizar y agilizar la transición del diagnóstico a la implementación de medidas concretas en la infraestructura vial.
Estos planes se basan en mapas estratégicos que miden la exposición de la población al ruido y siguen una metodología comunitaria revisada cada cinco años. Rosana Melián, directora general de Infraestructura Viaria, afirmó que “la contaminación acústica es una cuestión de calidad de vida y debe integrarse en la planificación de carreteras más sostenibles y seguras”.
La nueva estrategia permitirá identificar más precisamente las áreas con mayor exposición al ruido. Melián aseguró que “el plan proporciona una hoja de ruta que facilitará avanzar hacia soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de quienes viven cerca de las carreteras”.
El proceso se complica por las características geográficas singulares de Canarias, con una alta concentración de población en corredores específicos. Por lo tanto, se está llevando a cabo un proceso de participación ciudadana para informar sobre el plan y recopilar aportaciones de la comunidad. Esta semana comenzaron las presentaciones en Gran Canaria y Tenerife.
Después de concluir el proceso participativo y redactar el documento final, el plan se someterá a una aprobación provisional antes de ser presentado formalmente para evaluación pública. Posteriormente, se considerarán las alegaciones recibidas y se procederá a la aprobación definitiva, notificando a las autoridades de la Unión Europea.
Con información de eldigitalsur.com