Ciudad de México. – El inicio de 2026 ha traído consigo una serie de movimientos económicos y legislativos significativos en Perú, centrados principalmente en la petrolera estatal Petroperú y en la modificación de la política fiscal. La presentación de proyectos de ley para derogar el decreto que permitiría la privatización de Petroperú ha generado un intenso debate nacional, mientras que cambios en su directorio sugieren una posible eliminación de la representación de los trabajadores y un recorte de personal superior al 50%. Paralelamente, el gobierno ha introducido la llamada "Ley Chlimper 2.0", que busca reducir el impuesto a la renta corporativo a un 15% para las grandes empresas del sector alimentario, una medida que pretende incentivar la inversión en esta industria clave para la economía peruana. En el ámbito de las finanzas públicas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha publicado el cronograma oficial para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Asimismo, se ha confirmado un aumento de S/100 a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a partir de enero de 2026, con un nuevo monto máximo a recibir. Por otro lado, las obras por impuestos han logrado movilizar S/5.180 millones, con una inversión histórica del MEF destinada a proyectos de transporte y orden público. Las proyecciones económicas para Perú apuntan a un crecimiento de entre el 2.6% y el 3.6% en 2026, según estimaciones de Forbes. A pesar de la incertidumbre sobre la evolución económica, las empresas peruanas muestran cautela en sus decisiones de contratación. La cotización del dólar se mantiene como un indicador clave, con variaciones diarias seguidas de cerca por el mercado. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) también presenta movimientos, y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reporta un uso creciente de pagos digitales por parte de la
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