El Gobierno de Canarias presentó una propuesta de contrato-programa que sumará 45 millones de euros a la financiación de las universidades públicas de la región durante el periodo 2027-2030. Sin embargo, los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) consideran que esta oferta es insuficiente y perjudicial.
Datos clave
- Cuándo: 28 de julio de 2023.
- Cuánto: 45 millones de euros para 2027-2030.
- Déficit: 15 millones de euros para 2027.
- Expectativa: 326 millones de euros para 2030, menos del 1% del PIB.
Los rectores, Lluís Serra y Francisco García, han manifestado su preocupación, advirtiendo que el incremento propuesto no cubre los gastos salariales que se estiman necesarios. Este desfase pone en riesgo la operatividad de las universidades, que enfrentarán tensiones económicas para cumplir con subidas salariales y cubrir gastos estructurales. La situación resalta la crónica infrafinanciación en la educación superior canaria, que está evidenciando una falta de previsión y apoyo por parte de las autoridades.
¿Qué implicaciones tiene esta financiación insuficiente?
Una financiación que no satisface las necesidades básicas de las universidades públicas implica un perjuicio en la calidad educativa y en la capacidad de investigación. Las universidades tienen un rol crucial en la movilidad social y en el desarrollo del pensamiento crítico. La insuficiencia de recursos afecta la renovación de personal docente y la mejora de infraestructuras, lo que puede limitar la calidad del servicio educativo que brindan. Esto, a su vez, puede agravar la dependencia de Canarias de otros territorios para generar conocimiento.
La importancia del conocimiento en el desarrollo canario
El fortalecimiento de las universidades públicas es esencial para que Canarias pueda generar su propio conocimiento y adaptarse a desafíos contemporáneos como la digitalización y el cambio climático. Sin embargo, la tendencia hacia una expansión de universidades privadas plantea un debate profundo sobre el papel de las instituciones públicas en el contexto educativo. La educación superior debe protegerse del enfoque empresarial que a menudo prioriza la rentabilidad sobre el interés común.
Los rectores coinciden en que la viabilidad futura de las universidades canarias depende de un compromiso firme de las autoridades para abogar por una financiación justa que garantice la sostenibilidad. Sin un enfoque claro en la inversión en educación superior, el desarrollo social y económico de Canarias podría verse comprometido.
Con información de teldeactualidad.com