La Suprema Corte aprueba la desaparición de fideicomisos impulsada por López Obrador para fortalecer la economía social y social en medio de la pandemia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la eliminación de más de 100 fideicomisos en 2020 fue constitucional. La decisión respalda el decreto del gobierno federal que redirigió esos fondos para mitigar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. En una sesión unánime, los ministros validaron ocho proyectos que evaluaron acciones de inconstitucionalidad presentadas por varios estados gobernados por partidos de oposición. Estas entidades alegaron que la desaparición afectaba sus soberanías, pero la Corte determinó que no había pruebas que sustentaran esa afectación. Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas impugnaron el decreto que eliminó recursos destinados a áreas como ciencia, cultura, deporte, atención a víctimas y cambio climático. La afirmación principal fue que estos fideicomisos financiaban programas esenciales, por lo que su desaparición comprometía derechos y servicios públicos clave. El análisis de la Corte resaltó que las demandas basaron sus argumentos en aspectos genéricos, sin evidenciar impactos negativos concretos en las atribuciones constitucionales de las entidades demandantes. La decisión también señaló que los fondos, con un valor total que superaba los 68 mil millones de pesos, fueron concentrados en la Tesorería de la Federación para su redistribución en programas sociales y de atención ante la crisis sanitaria. La resolución generó cierta polémica interna, ya que algunos ministros expresaron desacuerdo con la eliminación del fideicomiso de atención a víctimas, aunque respetaron la decisión unánime del pleno. Expertos consideran que esta medida es parte de una estrategia gubernamental para garantizar mayor control y transparencia en la distribución de recursos públicos en tiempos de crisis. Además, experto
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