Tijuana, Baja California. - En los últimos dos años, ciudadanos de Baja California han denunciado un alarmante incremento en las extorsiones por parte de funcionarios públicos. Estos actos ilícitos han cobrado visibilidad, especialmente en Tijuana, donde se ha visto a funcionarios de diferentes niveles extorsionando a comerciantes y emprendedores para obtener beneficios económicos indebidos.
Las denuncias abarcan desde el cobro por permisos y trámites, hasta extorsiones directas que pueden llegar a miles de dólares. Recientes testimonios indican que, incluso, a los ciudadanos se les envía a oficinas externas donde se les exige una cuota adicional para poder completar sus gestiones en el Ayuntamiento. Los afectados, en un intento por lidiar con esta problemática, han comenzado a integrar estas extorsiones en sus presupuestos operativos.
Este fenómeno no se limita solo a pequeños negocios, ya que también se ha reportado que grupos como los propietarios de centros de reciclaje han sido víctimas de cobros de piso, donde el Cártel Arellano Félix y ciertos funcionarios han implementado cuotas mensuales que han evolucionado con el tiempo. Las víctimas temen represalias, lo que ha llevado a que muchas de estas denuncias se manejen en el anonimato.
A pesar de que la extorsión es un delito que debería ser investigado de oficio, la Fiscalía General del Estado de Baja California ha sido criticada por su falta de acción. Hasta ahora, no se han iniciado investigaciones que busquen procesar a aquellos implicados, tanto en el crimen organizado como en la administración pública.
El llamado de los ciudadanos es claro: han comenzado a grabar a los extorsionadores para dejar evidencia de estos actos. Casos recientes en medios como Latinus han mostrado cómo la documentación audiovisual ha contribuido a la renuncia de funcionarios, aunque el clima de corrupción persiste en la entidad. La presión ciudadana sigue creciendo, mientras se espera una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
Con información de zetatijuana.com