El Ministerio de Ambiente de Colombia, liderado por Irene Vélez Torres, ha implementado un cambio en las reglas de delimitación del páramo de Santurbán a tan solo tres semanas de concluir el periodo presidencial de Gustavo Petro. La nueva Resolución 863 de 2026 establece una “metodología nacional de delimitación progresiva”, que permite un avance fragmentado en lugar de esperar la aprobación unánime de los 40 municipios involucrados.
## Datos clave - Quién: Gobierno de Gustavo Petro y Ministerio de Ambiente. - Qué: Implementación de la Resolución 863 de 2026. - Dónde: Páramo de Santurbán, Colombia. - Cuándo: Anuncio realizado a tres semanas del final del mandato de Petro. - Cuántas hectáreas: Se busca delimitar 29,199.44 hectáreas en 19 municipios.
La decisión busca acelerar el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación del páramo, asegurando que las áreas donde ya se ha avanzado en el diálogo sean las primeras en ser formalmente delimitadas. A pesar de esta medida, la controversia se centra en el hecho de que, en 2023, el mismo ministerio había calificado la delimitación parcial como "inviable" ante el Tribunal Administrativo de Santander.
## ¿Qué implicaciones tiene esta nueva metodología? La nueva estrategia del Ministerio propone delimitar áreas de manera progresiva, comenzando por las ya acordadas por los 19 municipios que han concluido sus procesos de concertación. Sin embargo, los municipios de Tona y Bucaramanga no forman parte de esta etapa, quedando excluidos de la delimitación inicial.
## ¿Cómo afecta esto a la protección del páramo? La delimitación progresiva va acompañada de dos iniciativas adicionales para la protección hídrica. Una de ellas busca declarar una reserva natural en una parte del páramo, restringiendo así nuevos proyectos mineros en esa zona. La otra amplia la reserva temporal establecida anteriormente para controlar futuras actividades mientras se llevan a cabo evaluaciones más profundas.
Aunque la pequeña minería tradicional no se prohibirá automáticamente, la normativa vigente sigue vetando las actividades mineras dentro del páramo. El gobierno cerrará contratos y licencias en áreas de nueva delimitación, resaltando la necesidad de proteger los recursos hídricos para las comunidades locales.
El futuro dependerá de cómo se avance en el proceso de concertación con los municipios restantes y de la adopción de medidas efectivas para garantizar la protección del ecosistema.
Con información de elcolombiano.com