Monterrey, Nuevo León. - La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha ampliado su investigación sobre presuntas irregularidades en la creación y apertura de sedes consulares en el extranjero, centrándose en las oficinas de Monterrey y Tijuana, en México, así como en Estambul, Turquía. Esta indagación se ha iniciado tras la denuncia de que el Consulado de Tijuana, establecido en 2024 durante el mandato del presidente Gustavo Petro, nunca llegó a abrir.
Las indagaciones revelan que, a pesar de no haber iniciado funciones, la cónsul asignada a la sede de Tijuana recibió un salario mensual de 14,700 dólares. La Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores también está revisando estos hechos para esclarecer el proceso administrativo que derivó en la apertura de dichas representaciones diplomáticas.
En un mensaje a través de redes sociales, la Cancillería de Colombia comentó sobre el caso: "Una sede consular que nunca abrió y una cónsul con una asignación de US$14.700 mensuales. Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar".
Este caso ha generado preocupación en el entorno diplomático colombiano, que también enfrenta otras críticas por el manejo administrativo de sus representaciones en el exterior. Piden mayor supervisión para evitar situaciones similares y que las decisiones obedezcan a criterios de competencia y no a intereses políticos.
La Procuraduría continúa su trabajo investigativo para determinar las responsabilidades y pasos a seguir en este proceso que ha sacudido a la Cancillería colombiana.
Con información de elpais.com.co