Baja California. - La legisladora Julieta Ramírez Padilla se negó a responder a preguntas sobre los vínculos de personas cercanas a su proyecto político con una red sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar operaciones del narcotráfico. La morenista no ofreció detalles sobre la implicación de Rafael Buenrostro Martín, empresario señalado de ser promotor de su proyecto.
Las sanciones impuestas al 29 de septiembre bloquean bienes y operaciones financieras de los involucrados, pero no constituyen una condena penal. Buenrostro aparece como un personaje clave en la organización de un evento del 15 de septiembre en el que Ramírez fue presentada como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, según reportes de medios de comunicación.
Además de Buenrostro, el Tesoro incluyó a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien fue acusado de aceptar sobornos para facilitar la influencia del grupo criminal sobre la Policía Municipal. Las sanciones se originaron por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Julieta Ramírez ha negado cualquier participación en actividades ilícitas que se atribuyan a sus allegados y descalificó un informe que indicaba una investigación en su contra, describiéndolo como un “mitote”.
Hasta el momento, la legisladora no ha establecido públicamente el papel que Buenrostro habría desempeñado dentro de su equipo. La controversia surge en un contexto donde Ramírez busca posicionarse hacia una posible candidatura a la gubernatura de Baja California en 2027. En este ambiente de incertidumbre, la situación podría afectar sus aspiraciones políticas en el corto plazo.
Con información de sonorapresente.com