Chilpancingo, Guerrero. - A 31 años de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, las familias afectadas continúan sufriendo desplazamiento, abandono y una notable falta de justicia.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado el cierre del caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basado en un acuerdo de reparación del daño suscrito en 2016 durante la administración del entonces gobernador Héctor Astudillo. Sin embargo, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que agrupa a los sobrevivientes, acusan a la presidenta y a la gobernadora Evelyn Salgado de mantener un pacto de impunidad con Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa Alcocer.
La situación de impunidad se agrava, ya que la violencia criminal se ha intensificado en la región y el miedo sigue presente entre los habitantes. Gilberto Aguirre, hijo de uno de los campesinos desaparecidos, relata que el 28 de junio de 1995, tras una manifestación pacífica, la policía disparó contra los participantes, resultando en una masacre que dejó un saldo trágico de muertos y heridos.
Datos clave
- Cuándo: 28 de junio de 1995
- Dónde: Aguas Blancas, Guerrero
- Cuántos: 17 campesinos fueron asesinados
- Organizaciones: Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)
- Gobernantes: Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, destaca que la masacre ocurrió en un contexto de efervescencia social y militarización. La llegada al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer intensificó las estrategias de contrainsurgencia, fomentando una represión violenta contra las organizaciones campesinas.
¿Qué ofrecen los programas de reparación del daño?
La promesa de reparación del daño a las víctimas ha sido cuestionada por su efectividad y cumplimiento. El acuerdo del 2016 se considera insuficiente por quienes sufren el impacto directo de la violencia y el desplazamiento. Así, el ciclo de impunidad persiste sin que se vislumbre un cambio significativo.
¿Cómo afecta la violencia a las comunidades?
La violencia no solo despoja vidas sino que también afecta la estructura social de las comunidades. El miedo y la inseguridad han forzado a muchas familias a abandonar sus hogares y tierras, perpetuando un ciclo de pobreza y desesperanza en la región.
A medida que se cumple un aniversario más de esta tragedia, las demandas de justicia continúan resonando en la sociedad. Las familias afectadas buscan visibilidad y medidas concretas que garanticen sus derechos y reparen el daño a sus vidas.
Con información de proceso.com.mx