México enfrenta una alarmante crisis de desapariciones, con un registro de 132 mil 844 personas no localizadas, según datos actualizados al 29 de agosto de 2026 por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en morgues, mientras que desde 2010, al menos 45 buscadoras han sido víctimas de asesinatos o desapariciones.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se conmemora en un periodo de creciente visibilidad sobre este problema, tanto a nivel nacional como internacional. La organización destacó que, a pesar de la existencia de leyes que obligan al Estado a prevenir y buscar a las víctimas de desaparición, las instituciones no están generando resultados satisfactorios.
"Las familias han buscado apoyo en organismos internacionales de derechos humanos para obtener asistencia técnica y cooperación del Estado mexicano", comentó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana. Indicó que, en septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas podría abordar esta crisis, ofreciendo una oportunidad para que México acceda a soporte financiero y técnico en la lucha contra las desapariciones.
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha activado un procedimiento, solicitando al secretario general de la ONU que presente la situación en México ante la Asamblea General. Este proceso se inició en 2014 y fue evidenciado nuevamente por la presentación de testimonios de familiares y organizaciones civiles que indican que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional ha tenido un papel activo en acompañar a las familias de las más de 132 mil desaparecidos, exigiendo al Estado su responsabilidad en la búsqueda e investigación. La organización también ha resaltado el papel crucial de las mujeres en esta búsqueda, quienes operan bajo condiciones difíciles y peligrosas, muchas veces siendo estigmatizadas o amenazadas.
Las familias continúan en su lucha, y mientras se espera la respuesta de la comunidad internacional, el Estado mexicano enfrenta una presión creciente para abordar esta grave crisis humanitaria.
Con información de eluniversal.com.mx