Ciudad de México, CDMX. - El delito de traición a la patria, contemplado en el artículo 123 del Código Penal Federal, es considerado complicado de demostrar por especialistas. Desde la época de Maximiliano de Habsburgo, no ha habido precedentes en México de autoridades procesadas por esta acusación, lo que resalta su naturaleza excepcional en el ámbito legal.
Baldomero Mendoza, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que para que un funcionario público sea acusado de este delito, se deben probar dos condiciones específicas. La primera es que los agentes que ingresaron al país reciban instrucciones y recursos de un ejército extranjero. La segunda, que su entrada tenga como objetivo declarar la guerra o derrocar al gobierno mexicano.
El especialista apuntó que la pena por traición a la patria puede oscilar entre cinco y 40 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los actos. En relación con el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, Mendoza destacó que no se demuestra que la entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tuviera la intención de derrocar al gobierno mexicano.
“Estos supuestos tienen que ver más con la permisión de entrada de efectivos militares para que actúen dentro del país”, aclaró Mendoza. Entre las acciones que pueden considerarse traición a la patria se incluyen la entrega de personas a autoridades extranjeras o la participación en invasiones al territorio nacional.
Recientemente, se han presentado intentos en el Congreso por procesar a exmandatarios y exfuncionarios, aunque estas solicitudes no han prosperado por falta de hechos concretos.
El contexto histórico de este delito revela su uso excepcional en México, reafirmando la dificultad para su aplicación en el ámbito judicial.
Con información de eluniversal.com.mx