Morelia, Michoacán. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán se enfrenta a un amparo nacional promovido por dos madres buscadoras, quienes denunciaron la falta de interconexión entre las bases de datos forenses locales y el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta acción legal busca mejorar la búsqueda e identificación de desaparecidos al facilitar el acceso a la información en tiempo real.
La demanda, interpuesta por Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, fue admitida por la jueza Viridiana Berenice Quiroz Ángel en la Ciudad de México, bajo el expediente 1066/2026-VI. En dicho documento, se señala a Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la FGE, y a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada, como las autoridades responsables de garantizar dicha conexión de datos.
El requerimiento judicial estipula que las fiscalías de todo el país, junto con autoridades federales, deben presentar un informe en un plazo de 48 horas sobre el estado de la interconexión de sus bases de datos. Esta obligación se detecta en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aunque no se ordena realizar la interconexión en sí dentro del mismo plazo.
Entre las autoridades federales mencionadas se encuentran Ernestina Godoy, fiscal general de la República, y Adriana Lizárraga González, fiscal especial para la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. El incumplimiento de estas normas ha levantado preocupaciones sobre las capacidades del sistema nacional en casos de desapariciones.
Pese a la admisión del amparo, la jueza negó la suspensión provisional solicitada por las demandantes y les sugirió presentar un recurso de queja, que fue interpuesto ese mismo día. Se espera que la audiencia constitucional se lleve a cabo el 19 de noviembre de 2026, a las 10:30 horas.
"Seguimos en la lucha, ¡Hasta Encontrarles!", afirmaron las madres buscadoras al anunciar la continuación de su accionar legal.
Con información de quadratin.com.mx