Monclova, Coahuila. - Desde 2018, México ha registrado 552 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada o cometida por particulares, mientras que más de 133 mil personas continúan no localizadas. Esta situación evidencia la abismal impunidad que enfrentan las familias de las víctimas en el país.
La comparación entre el número de sentencias y el total de desaparecidos revela que apenas se emite una sentencia por cada mil personas que faltan. Al respecto, el director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, Jacobo Dayán, destacó que esta impunidad es "prácticamente absoluta". Asimismo, indicó que aunque existen condenas, a menudo se limitan a los autores materiales y no alcanzan a los responsables intelectuales de las desapariciones.
Familiares de desaparecidos, como María Guadalupe Fernández, quien ha buscado a su hijo durante más de 17 años, indican que muchos casos no se procesan como desapariciones sino como otros delitos. En ejemplos recientes, algunos responsables de la desaparición de su hijo y otros casos han sido condenados por secuestro, dejando sin justicia el delito de desaparición.
La falta de coordinación entre fuerzas de seguridad y el sistema judicial ha dificultado la investigación de estos delitos. José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial en Jalisco, reconoció la complejidad de gestionar estas indagatorias, subrayando la necesidad de tecnología avanzada y colaboración familiar para avanzar en los casos.
El panorama es desolador, ya que la acumulación de casos y el rezago en las carpetas afectan el acceso a la justicia de las familias. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas ha advertido sobre la resistencia de testigos para colaborar en la identificación de responsables, complicando aún más las investigaciones.
Con información de laverdadjuarez.com