Ciudad de México, CDMX. - La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ha desencadenado investigaciones sobre un presunto esquema de corrupción relacionado con múltiples contratos públicos. Estas pesquisas están vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas y abarcan adjudicaciones directas, sobreprecios y conflictos de interés que podrían llevar a penas de hasta 30 años de prisión para los implicados.
El 25 de octubre, Taddei Zavala notificó su separación del cargo mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados. Las indagaciones son realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, y otras autoridades, centradas en violaciones a diversas leyes relacionadas con el servicio público y el uso indebido de recursos.
Las autoridades investigan una red de al menos siete empresas que recibieron contratos por más de 1,000 millones de pesos entre 2014 y 2023. Estas entidades, como Cajas Graf Corporativo y Corporativo Zeg, mantenían vínculos cercanos con la exconsejera a quién se le señala por su relación con Hernández Casillas, quien ha estado bajo la mira de la Secretaría de Hacienda en años anteriores.
Se han presentado grabaciones donde el empresario instruía a funcionarios del INE sobre licitaciones. Además, excolaboradores de su grupo se integraron a la estructura del INE, facilitando estos contratos. Uno de los casos relevantes es el de Octavio García González, quien tras trabajar para las empresas de Hernández, ocupó un cargo dentro del organismo electoral, supervisando las mismas licitaciones.
Las comunidades de fiscalización buscan recuperar el daño al erario, con posibles sanciones adicionales que incluirían multas económicas y la destitución de los implicados. Al momento, continuarán las investigaciones con el objetivo de esclarecer todos los actos de corrupción detectados.
Con información de zetatijuana.com