Los Ángeles, California. - La alcaldesa Karen Bass firmó una ley municipal que prohíbe el uso de propiedades públicas para la realización de redadas migratorias. Esta normativa formaliza de manera permanente las restricciones previamente establecidas mediante una disposición ejecutiva en la ciudad, impidiendo que agentes federales accedan a terrenos locales para llevar a cabo operativos de detención.
La alcaldía ahora instalará carteles en estacionamientos y espacios abiertos bajo su gestión, advirtiendo sobre la prohibición de aplicar leyes migratorias en estas áreas. Las autoridades locales subrayaron la importancia de esta medida, resaltando que protege a las comunidades residentes.
La nueva legislación se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio en California para reforzar la protección de los migrantes, en línea con las directrices emitidas por el gobernador Gavin Newsom. Esta iniciativa ha recibido el respaldo de diversas organizaciones sociales preocupadas por la situación de las políticas de deportación en el país.
La ordenanza establece que no se utilizarán recursos de la alcaldía para la aplicación de leyes migratorias, amparando así a miles de familias que residen en la metrópoli californiana. Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quedan completamente prohibidos en los recintos bajo administración municipal.
"Juntos somos más fuertes", declaró la administración local durante la difusión de la nueva ordenanza, que busca fortalecer la confianza de la población migrante en el acceso a servicios públicos. Además, representantes de la comunidad han enfatizado la necesidad de garantizar un ambiente de paz social frente al miedo a deportaciones masivas.
El concejo municipal aprobó de manera unánime esta iniciativa, que transforma la disposición ejecutiva anterior en un mandato permanente, consolidando así el estatus de santuario de la ciudad.
Con información de 2001online.com