Madrid, España. - La magistrada Alicia Millán, del Tribunal Supremo, expresó su disidencia ante la decisión de sus colegas de suspender cautelarmente el derecho al voto para quienes adquirieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. Millán sostiene que esta resolución impide a un gran número de ciudadanos ejercer su derecho político.
En su voto particular, la jueza argumenta que los miembros del tribunal no evaluaron adecuadamente todos los intereses en juego, enfatizando que las medidas cautelares aplicadas limitan la participación en procesos electorales, un efecto fundamental del reconocimiento de la nacionalidad. “La privación de la capacidad de votar ya genera un perjuicio inmediato”, advirtió, mientras criticó la “hipótesis futura e incierta” que alegan sus colegas sobre la objetividad de las elecciones.
La Ley de Memoria Democrática, también conocida como la ley de nietos, permite a los hijos y nietos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 obtener la nacionalidad. A pesar del tiempo transcurrido desde su implementación, más de 2,4 millones de personas han solicitado acogerse a esta ley. Sin embargo, partidos políticos como Vox e Iustitia Europa han impugnado su efectividad a través del sistema judicial.
La mayoría del tribunal consideró, de manera provisional, que la inclusión de estas personas en el censo electoral podría afectar la transparencia de los comicios. Mientras tanto, Millán destaca que el derecho al sufragio es esencial en una democracia y considera que cualquier restricción a este derecho debe ser supervisada con un riguroso juicio de proporcionalidad.
La magistrada concluyó señalando que la correcta adhesión al proceso electoral de los ciudadanos reconocidos como españoles debe predominar mientras su nacionalidad no se anule legalmente. La situación actual continúa en revisión y se espera un avance en el proceso para esclarecer el estatus del voto de quienes han adquirido la nacionalidad.
Con información de elpais.com