Ciudad de México, CDMX. - La Presidencia de la República presentó el 26 de agosto una iniciativa para reformar la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, la primera actualización desde 1988. Este esfuerzo pretende incorporar la justicia climática y fortalecer la participación social, aunque se encuentra en un contexto de notable retroceso en materia ambiental.
Expertos advierten que, si bien la propuesta menciona la importancia de la justicia social y ambiental, su efectividad depende de la voluntad política para aplicarla, especialmente considerando los constantes retrocesos en la defensa de los recursos naturales. En este sentido, las instituciones ambientales han sufrido recortes drásticos, con una reducción de más del 36% de su presupuesto, lo que limita su capacidad operativa.
Un aspecto esencial de la iniciativa es la creación de un capítulo que protegerá a quienes defienden la naturaleza. Sin embargo, este anuncio llega en medio de críticas por la reciente legalización de actividades como la tala ilegal en Michoacán y el daño causado por proyectos como el Tren Maya, donde los estudios de impacto ambiental están restringidos hasta 2028 bajo argumentos de seguridad nacional.
“Es necesario que el gobierno demuestre congruencia en sus políticas, empezando por revocar acuerdos que facilitan el ecocidio”, declaró un activista en defensa del medio ambiente. La falta de una aplicación rigurosa de la legislación previa provoca escepticismo, puesto que se han judicializado pocos casos y menos de un 5% ha resultado en condenas efectivas.
La propuesta de ley podría quedar en una declaración vacía si no se eliminan las normas que favorecen el ecocidio y se refuerza la capacidad de las instituciones para hacerla valer. La historia muestra que leyes como la de 1988 no se han cumplido, y este nuevo esfuerzo podría tener el mismo destino sin un cambio real en las prioridades y prácticas de los funcionarios.
Con información de quadratin.com.mx