La violencia familiar en México es tipificada en el Código Penal Federal, que establece penas de seis meses a cuatro años de prisión, dependiendo de los agravantes. Sin embargo, la situación de un presunto agresor durante el proceso penal puede variar a juicio del juez.
Datos clave
- Cuándo: Reformas vigentes desde abril de 2024.
- Dónde: México, con legislación federal y normativas estatales.
- Castigo: Pena de prisión de seis meses a cuatro años.
- Agravantes: Aumentos de penas en casos de víctimas embarazadas o con discapacidad.
De acuerdo con el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, quien realice actos de dominio o agresión física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro de relaciones de pareja, conyugales o familiares, comete el delito de violencia familiar. Además de la pena privativa de libertad, el delito puede conllevar la pérdida de la pensión alimenticia y la obligación de recibir tratamiento psicológico.
A partir de abril de 2024, una reforma legislativa incorporó medidas que agravan las penas en casos específicos. Si la víctima es una mujer embarazada, un adulto mayor o una persona con discapacidad, las sanciones pueden incrementarse hasta en un 50%, tanto en su mínimo como en su máximo.
¿Puede un agresor salir libre durante el proceso?
La determinación de si un agresor puede permanecer en libertad depende de las circunstancias específicas de cada caso. Aunque la pena máxima por violencia familiar es de cuatro años, la resolución sobre la prisión preventiva recae en un juez, quien evaluará las pruebas presentadas.
El artículo 19 de la Constitución señala que este delito no está incluido dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por esta razón, no todos los acusados deben permanecer en prisión mientras se desarrolla el juicio. No obstante, el cumplimiento de la pena y las condiciones del agresor dependen de cada caso judicial y su resolución.
¿Qué papel juegan las leyes estatales?
La definición de violencia familiar es general a nivel federal, pero cada estado tiene sus propias leyes y sanciones. Esto significa que, si bien hay conceptos armonizados, las penas específicas pueden diferir considerablemente entre entidades federativas.
Además de la legislación penal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también proporciona una definición del problema y busca prevenirlo, aunque las penas concretas son establecidas en el Código Penal Federal y los códigos estatales.
A medida que se implementan reformas y se generan más discusiones sobre el tema, es esencial continuar vigilando cómo se aplica la ley y cómo se protegen los derechos de las víctimas en todos los niveles de la administración de justicia.
Con información de unotv.com