Derivado de investigaciones por parte de diversos órganos de control, 34 servidores públicos han sido sancionados por la Secretaría Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las sanciones abarcan destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 20 años, junto con multas que totalizan más de 1.8 millones de pesos.
Datos clave
- Cuándo: Julio de 2026.
- Cuántos: 34 servidores públicos sancionados.
- Dónde: 17 dependencias federales en México.
- Multas: Más de 1.8 millones de pesos en sanciones económicas.
- Inhabilitaciones: Hasta 20 años en cargos públicos.
Las resoluciones del TFJA se han centrado en faltas graves y han afectado a exfuncionarios de diversas instituciones. Por ejemplo, José "L", docente de la Escuela Secundaria "Emiliano Zapata" de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México, enfrenta una inhabilitación de 20 años por acoso sexual. De manera similar, María "G", de la Secretaría de Economía, ha sido inhabilitada por autorizar ilícitamente licencias con goce de sueldo, enfrentando además una multa de 1.5 millones de pesos.
Otras sanciones incluyen inhabilitaciones en la Secretaría de Agricultura a cuatro funcionarios por liberar apoyos sin la documentación adecuada. Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado a un personal con destitución e indemnización por autoasignación irregular de viáticos.
¿Qué implica esto para el trabajo del gobierno?
Las sanciones impuestas subrayan el compromiso de las autoridades para erradicar la corrupción y asegurar la transparencia en la administración pública. La Secretaría Anticorrupción ha reafirmado su intención de defender la validez de estas resoluciones en el marco de su estrategia de combate a la impunidad, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
¿Cómo pueden los sancionados apelar estas decisiones?
Los servidores públicos sancionados tienen el derecho de recurrir a medios de impugnación y apelación según el marco legal vigente. Este proceso puede ofrecerles la oportunidad de defender su posición frente a las decisiones que consideran injustas o erróneas.
Las autoridades federales están vigilantes y preparadas para acompañar los procesos de impugnación, asegurando que se respeten las normativas y se mantenga la integridad de la administración pública.
Con información de almomento.mx