Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - En vísperas del proceso electoral de 2027, que incluirá 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todos los congresos locales y más de 2,000 alcaldías, el Gobierno de México ha comenzado a implementar una estrategia para prevenir la violencia política contra candidatos. La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia de prensa que se trabaja en un diseño para identificar las áreas de mayor riesgo en el país y fortalecer la presencia de la Guardia Nacional donde sea necesario.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que se empleará una metodología para evaluar a los candidatos antes de que se incluyan en las boletas. Este análisis determinará si algún aspirante tiene vínculos con el crimen organizado, sin considerar si poseen visa para Estados Unidos. Esta iniciativa se vuelve crítica ante la alarmante cifra de 40 candidatos asesinados en las elecciones que llevaron a Sheinbaum al poder en 2024, según la organización Data Cívica.
A lo largo de los años, la violencia ha marcado los procesos electorales en México, donde grupos criminales han interferido en distintas regiones del país, especialmente en Guerrero, Michoacán y Chiapas. En 2018, se registraron 48 homicidios de precandidatos y candidatos, además de más de 500 agresiones e intimidaciones. Alcalde advirtió que el análisis de riesgo será fundamental y el Instituto Nacional Electoral será responsable de remitir los nombres de los candidatos a diversas instituciones de seguridad para emitir un dictamen.
Sheinbaum enfatizó que el formato de presentación de los aspirantes será voluntario y corresponderá a los partidos decidir sobre su candidatura. Esta búsqueda de integridad en las candidaturas se lleva a cabo en un contexto donde la oposición ha denunciado la infiltración del crimen organizado, que, según sus denuncias, tiende a beneficiar a Morena y sus aliados en varias entidades.
Con información de elpais.com