La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizó una denuncia legal por la difusión de audios en los que se la escucha hablando sobre la cancelación de su visa estadounidense y sobre supuestos intermediarios vinculados a agencias de seguridad de ese país.
Datos clave
- Quien: Marina del Pilar Ávila Olmeda
- Qué: Presentó una denuncia por la filtración de audios
- Dónde: Baja California
- Cuándo: En 2025, se comunicaron sobre la visa y sus implicaciones
Durante una entrevista con El País, la mandataria explicó que optó por estas acciones legales debido a que se siente objeto de una táctica destinada a intimidarla y a obtener indebidamente una conversación privada.
Marina del Pilar acusó al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de haberle tendido una “emboscada” al ofrecer su apoyo para recuperar la visa que le fue cancelada. Ella afirmó que Bonilla le recomendó contactarse con un individuo supuestamente vinculado con el FBI o HSI, quien podría asesorarla en el proceso de recuperación de su visa. Sin embargo, en lugar de la ayuda esperada, la reunión se tornó hacia escenarios de investigaciones y posibles sanciones, describiendo la experiencia como una "emboscada psicológica".
¿Cuál es el trasfondo de esta situación?
La gobernadora indicó que la reunión con Bonilla tomó un giro inesperado, sugiriendo discusiones sobre cuestiones que nunca antes habían sido mencionadas, como sanciones o la posibilidad de una extradición. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y controversia, siendo objeto de atención mediática y política en el estado.
El incidente refleja el clima de tensión política que existe en Baja California, donde las relaciones entre los exgobernantes y la actual administración han estado marcadas por diferencias significativas. Marina del Pilar ha enfatizado la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de que se haga justicia respecto a las filtraciones de información privada.
La denuncia presentada ante la autoridad correspondiente podría desatar un proceso legal que no solo afectaría a quienes difundieron los audios, sino que también podría tener implicaciones más amplias en el ámbito político del estado.
Con información de vanguardia.com.mx

