México. - El Gobierno de México ha eludido un pago de más de mil 500 millones de dólares que Vulcan Materials Company había reclamado durante varios años, relacionado con el cierre de sus operaciones en Calica, cerca de Playa del Carmen.
Datos clave
- Cuánto: Pago original de más de 1,500 millones de dólares.
- Cuándo: Determinación reciente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
- Dónde: Censos de extracción en Playa del Carmen, Quintana Roo.
- Quién: Vulcan Materials Company y el Gobierno de México.
- Superficie afectada: Más de 2,000 hectáreas clausuradas.
El litigio surgió a raíz del cierre de predios utilizados por Vulcan para la extracción de material pétreo. Se demostró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que se violaron estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en clausuras realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque el Gobierno mexicano se enfrenta a daños probados, la cantidad se redujo a alrededor de 15 millones de dólares tras el veredicto del Ciadi.
¿Cuáles son las implicaciones de este fallo?
El fallo del Ciadi permite al Gobierno mexicano mantener las acciones contra Vulcan que se fueron implementando durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estas incluyeron la clausura total de la mina en mayo de 2022, con el apoyo de la Marina. Las autoridades señalaron irregularidades ambientales, incluyendo la perforación no autorizada del acuífero y el exceso de extracción en la zona delimitada.
Además, en septiembre de 2024, se declaró área natural protegida parte del terreno en disputa, limitando así futuras actividades extractivas. Aunque Vulcan sigue siendo propietaria oficial de los terrenos, esta designación ambiental complica el regreso a sus operaciones anteriores.
Desde el cierre, la empresa ha intentado revertir la decisión a través de múltiples instancias judiciales y arbitrajes internacionales, aunque muchas de las resoluciones han resultado desfavorables para ella. Esta situación marca un capítulo significativo en el uso de recursos naturales en México y evidencia el desafío que enfrentan las empresas ante regulaciones ambientales más estrictas.
Con información de proceso.com.mx