Legisladores señalan que la judicialización de casos y las sanciones limitadas dificultan detener el fraude de casi 3.1 billones de pesos en facturación falsa. El problema de las empresas factureras en México representa uno de los mayores retos en la lucha contra la evasión fiscal. Estas compañías emiten comprobantes por servicios inexistentes, lo que ha permitido evadir aproximadamente 3.1 billones de pesos en impuestos, con un impacto directo de 1.4 billones en las finanzas públicas nacionales. Entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria identificó más de ocho mil empresas fantasmas que generaron millones de facturas falsas por un monto superior a 1.6 billones de pesos. Este esquema ilícito representa un fraude anual de alrededor de 354 mil millones de pesos, equivalente a más del 1% del Producto Interno Bruto, lo que se traduce en un saqueo multimillonario al Estado mexicano. A pesar de que al año 2025 más de doce mil contribuyentes han sido confirmados como involucrados en estas prácticas, la falta de información pública sobre avances en procesos penales evidencia una problemática en la aplicación efectiva de la justicia. La propuesta de reformas, impulsada por la administración actual, busca ampliar la definición de 'factura falsa' y endurecer las sanciones, con la intención de desalentar estas conductas y fortalecer la fiscalización. Esta problemática refleja la necesidad de un combate más riguroso y transparente contra las estructuras que perpetúan el fraude fiscal en México, que no solo afectan las finanzas públicas sino también dañan la confianza en el sistema tributario.
Sábado, 9 de mayo de 2026
