La tendencia en México es que las rentas aumenten únicamente por inflación, sin considerar la revalorización real de los inmuebles, afectando tanto a propietarios como a inquilinos. En el mercado inmobiliario mexicano, la actualización de las rentas suele basarse en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con agregados mínimos adicionales. Sin embargo, esta práctica no toma en cuenta un factor clave: la plusvalía inmobiliaria, que en muchas regiones del país crece a tasas significativamente mayores que la inflación. La demanda, el desarrollo urbano y la localización influyen en que algunas propiedades puedan duplicar o triplicar su valor en pocas décadas, sin que esto necesariamente se refleje en los contratos de arrendamiento. Desde una perspectiva histórica, la inflación promedio en el país durante los últimos quince años ha sido de 4.3%, mientras que la plusvalía en zonas urbanas y destinos turísticos ha alcanzado niveles anuales del 8% al 16%, según datos del sector inmobiliario. Como ejemplo, una vivienda valorada en 2 millones de pesos hace una década que generaba una renta de 10,000 pesos mensuales, ahora, tras 10 años, se renta en casi 28,500 pesos, considerando incrementos por inflación más plusvalía. En contraste, una propiedad que valía 2 millones entonces y ahora supera los 5.7 millones de pesos, representa una rentabilidad que refleja el crecimiento real del mercado. Este desfase genera tensiones sobre cómo deben ajustarse los contratos. Si las rentas solo consideraran la inflación, los propietarios perderían rentabilidad frente a la revalorización patrimonial, mientras que los inquilinos, en muchos casos, permanecen pagando tarifas antiguas, beneficiándose con rentas congeladas en un contexto de mercado dinámico. La discusión sobre regular estos incrementos apunta a un equilibrio entre protección del inquilino y la rentabilidad del propietario, tema que en países como Alemania y Estados Unidos ya tiene diferentes enfoques regulatorios. Implementar
Miércoles, 13 de mayo de 2026
