Un estudio revela que la evasión fiscal a través de factureras involucra más de 3 billones de pesos, con sanciones insuficientes y un impacto grave en las finanzas públicas. Un análisis reciente revela que las actividades fraudulentas de empresas factureras en México generan pérdidas superiores a los 3.1 billones de pesos, afectando directamente la recaudación tributaria en más de 1.4 billones. Estas sociedades producen comprobantes fiscales por servicios o trabajos que nunca se realizan, permitiendo la evasión de impuestos y beneficiándose del silencio en los procesos judiciales. Entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria identificó más de ocho mil empresas clandestinas que emitieron millones de facturas falsas por montos cercanos a 1.6 billones de pesos. Este esquema de fraude fiscal representa aproximadamente 354 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 1.4% del Producto Interno Bruto nacional, consolidándose como una de las mayores pérdidas económicas para el Estado mexicano. Hasta principios de 2025, más de 12 mil contribuyentes han sido clasificados como responsables de facturación falsa, aunque el porcentaje que ha enfrentado procesos penales efectivos resulta escaso, lo que evidencia limitaciones en la aplicación de sanciones. La propuesta de reforma por parte del gobierno, liderada por Claudia Sheinbaum, busca ampliar la definición de ‘factura falsa’ y endurecer las penas, con el objetivo de reducir la impunidad y frenar este tipo de fraudes. Además del impacto económico, este problema refleja una problemática estructural en la formulación y ejecución de políticas contra la evasión fiscal, que requiere mayor coordinación y recursos para lograr una verdadera disuasión. La lucha contra las factureras no solo implica sanciones individuales, sino también la implementación de mecanismos de control más efectivos y transparentes que garantice el cumplimiento fiscal. Las autoridades advierten que la persistencia de estas prácticas contribuye a
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