Por: Dr. Aram González Ramírez
Doctor en filosofía con orientación en Ciencias Políticas
El pasado 7 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. A partir de él, quien pretenda la titularidad del Ejecutivo federal o de los ejecutivos locales deberá ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, o bien renunciar a ella antes de solicitar su registro. El debate público se instaló de inmediato en el terreno de las lealtades y los agravios, cuando la cuestión que interesa al derecho constitucional es otra, a saber, si el Constituyente Permanente puede condicionar de este modo el derecho a ser votado y con qué límites.
He de recordar que la nacionalidad es la piedra angular sobre la que se construye la ciudadanía, y que de ésta derivan los derechos políticos del artículo 35. He de recordar también que hasta 1997 el mexicano que adquiría otra nacionalidad perdía la propia. La reforma de aquel año invirtió la regla, de suerte que el artículo 37, apartado A, dispone hoy que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, y con ello nuestro orden jurídico admitió la doble nacionalidad.
Lo que suele pasarse por alto es que esa misma reforma introdujo una reserva en el artículo 32. Conforme a dicho precepto, el ejercicio de los cargos para los cuales la norma fundamental exige ser mexicano por nacimiento queda reservado a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. La Presidencia de la República figura entre ellos por mandato del artículo 82, fracción I. Leídos de manera sistemática ambos numerales, la exigencia que hoy se presenta como novedad ya se desprendía del texto vigente, y lo que hace el decreto es volverla expresa y extenderla sin margen de interpretación a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno.
Sentado lo anterior, corresponde examinar la objeción de fondo. Legisladores del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano sostuvieron que una segunda nacionalidad no debería limitar derechos políticos, en particular los de quienes residen en el extranjero. El argumento tiene fuerza política, pero tropieza con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que autoriza a los Estados a reglamentar el voto pasivo por razones de nacionalidad, entre otras. La restricción, por tanto, persigue un fin que el bloque de constitucionalidad reconoce como legítimo.
Distinta es la suerte que corre la medida frente al test de proporcionalidad. Si lo que se busca es evitar el conflicto de lealtades en quien ejerce el poder, bastaría exigir la renuncia como condición para asumir el cargo, y no desde el registro de la candidatura, cuando el aspirante ignora todavía si resultará electo. A ello se suma una dificultad de orden práctico, pues la renuncia a una nacionalidad extranjera se tramita ante el Estado que la otorgó y conforme a sus propias leyes, de manera que un requisito de elegibilidad mexicano queda sujeto a la diligencia de una autoridad ajena. La Consejería Jurídica ha reconocido que falta emitir las disposiciones reglamentarias sobre el procedimiento para acreditar esa renuncia, y el nuevo requisito se aplicará hasta 2028, por lo que hay tiempo para resolverlo con cuidado.
Queda una última cuestión, que es la de la justiciabilidad. Tras la reforma de 2024 en materia de supremacía constitucional, ni el juicio de amparo ni los medios de control del artículo 105 proceden contra adiciones o reformas a la Constitución. Quien estime que la medida es desproporcionada carece, en sede interna, de vía para plantearlo, y sólo le resta el sistema interamericano con los tiempos que le son propios.
La enseñanza que deja el caso es de método. Antes de calificar una reforma como avance o como retroceso conviene leer la Constitución completa, porque en la especie la norma supuestamente nueva llevaba casi tres décadas en el artículo 32, a la espera de que alguien la invocara.