La desaparición de la ley de 1917 refleja un cambio en el enfoque de la regulación de la libertad de expresión en México El Congreso de la Unión abrogó en 2023 la Ley de Delitos de Imprenta, vigente desde 1917, por considerarla incompatible con los estándares modernos de libertad de expresión. La ley, creada por Venustiano Carranza en el contexto de la Revolución Mexicana, establecía límites para ejercer la libertad de prensa y proteger la moral, el orden público y la vida privada. Durante casi un siglo, la ley permaneció inalterada, hasta que en 2011, con la reforma constitucional de derechos humanos, se incorporaron derechos relacionados con la protección de datos personales y la vida privada, modificando sus fundamentos. En 2023, el Congreso decidió eliminarla por considerarla obsoleta y preconstitucional. La decisión refleja un cambio en la percepción legal sobre la regulación de la prensa y la libertad de expresión en México. Las reformas posteriores a 2011 han sido criticadas por su impacto en la protección de los políticos y figuras públicas. Se han registrado casos como la demanda por daño moral del fiscal Alejandro Gertz Manero contra académicos, la demanda de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, durante la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y demandas contra medios por parte de exgobernadores como Jaime Bonilla en Baja California. Expertos señalan que estas leyes y demandas reflejan una tendencia de protección excesiva y de vulnerabilidad de los políticos, en contraste con el espíritu original de la ley de 1917, que fue diseñada por juristas comprometidos con el Estado de derecho. La abrogación de la ley busca, según legisladores, modernizar el marco legal y garantizar un equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales. Este cambio evidencia la evolución del marco legal en México, en medio de una percepción cada vez más crítica hac
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