Ciudad de México. – La política de seguridad gubernamental en México, tras casi cuatro años de implementación sin cambios sustanciales, mostró serios síntomas de colapso operativo durante el último cuatrimestre de 2025. Este declive no se debió a un fracaso súbito, sino a la acumulación de decisiones políticas erróneas, omisiones significativas y un entorno que exacerbó las debilidades de una estructura de seguridad intrínsecamente frágil. Los eventos ocurridos en Sinaloa y Michoacán durante este periodo expusieron la desconexión entre las narrativas oficiales sobre el control territorial y la pacificación, y la realidad en el terreno. Una de las principales fallas radicó en la persistencia de una estrategia de seguridad basada en premisas ya desmentidas por la realidad. A pesar del aumento de la violencia en Sinaloa y Michoacán, el gobierno continuó priorizando la "no confrontación" y el abordaje de las causas sociales del delito, descuidando la capacidad del Estado para ejercer la coerción legítima. En Sinaloa, entre septiembre y octubre, los enfrentamientos entre grupos criminales resultaron en más de 150 muertes en Culiacán, acompañadas de bloqueos y violencia abierta. La respuesta institucional fue insuficiente y descoordinada, con demoras notables en el despliegue de la Guardia Nacional. Operativamente, la Guardia Nacional, concebida como un instrumento clave, se encontró fragmentada entre mandos militares y civiles, con una cadena de mando poco clara. Un ejemplo de esta falla operativa fue la emboscada en Michoacán a finales de octubre, donde nueve agentes de la Guardia Nacional perdieron la vida. A pesar de advertencias de inteligencia previas, no se implementaron medidas preventivas ni se reforzaron los patrullajes. Políticamente, se evidenció una ausencia de liderazgo ejecutivo en seguridad pública. Las inconsistencias en los datos oficiales y la dilución de responsabilidades entre diversas instancias gubernamentales dificultaron la rendición de cuentas. L
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