Un grupo de activistas busca proteger la privacidad ante la nueva reforma telecomunicaciones. El 3 de febrero, seis colectivos interpusieron un amparo en Tijuana contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta ley, en vigor desde el 9 de enero, requiere que los ciudadanos registren sus datos biométricos para mantener el servicio telefónico. El Licenciado Carlos Atilano Peña denunció que la norma es desproporcionada y viola derechos humanos, exponiendo a los usuarios a potenciales abusos y hackeos de datos. La preocupación principal es que la información podría caer en manos del crimen organizado. Los colectivos buscan que un juez declare la ley anticonstitucional y solicitan una suspensión mientras se resuelve el amparo, instando a la ciudadanía a no proporcionar sus datos antes del 30 de junio de 2026.
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