Un nuevo audio divulgado por el periodista Héctor de Mauleón sugiere que Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, está dispuesta a colaborar con autoridades estadounidenses. Esto contradice su afirmación previa de que no buscaba hacer acuerdos privados con estos organismos.
En la grabación, un intermediario se presentó como asesor del FBI y mencionó que las agencias estadounidenses consideraban que habían "perdido el tiempo" con la gobernadora. Durante la conversación, le plantearon la posibilidad de que enfrentara acciones en su contra, lo que derivó en un diálogo sobre su potencial cooperación como informante.
Datos clave
- Gobernadora: Marina del Pilar Ávila Olmeda
- Origen del audio: Periodista Héctor de Mauleón
- Entidades involucradas: FBI y Departamento de Justicia de Estados Unidos
- Reuniones previas: Sostenidas con agencias estadounidenses en México
- Defensa legal: Abogado Michael Nadler, con sede en Miami
Durante la charla, la mandataria expresó su preocupación acerca de posibles sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque manifestó su intención de colaborar e intercambiar información, dejó en claro que no estaba dispuesta a viajar a Estados Unidos para ello. Cuando se le propuso un encuentro en el consulado estadounidense en Tijuana, sugirió como alternativa un hotel.
En un comunicado posterior, la gobernadora argumentó que las grabaciones corresponden a fragmentos de una conversación privada y que las personas involucradas no acreditaron formalmente su representación como agentes. Agregó que cualquier alusión a cooperación se refiere únicamente a la coordinación en materia de seguridad entre Baja California y las autoridades estadounidenses.
¿Qué implicaciones tiene la disposición de la gobernadora?
La declaración de Marina del Pilar puede ser indicativa de un cambio en la relación entre el gobierno estatal y las agencias federales de Estados Unidos. La participación del FBI en estas conversaciones podría señalar una intención más profunda de investigar el comportamiento de funcionarios y otros actores en relación con el crimen organizado.
¿Cómo responde el contexto legal a esta situación?
José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó sobre la credibilidad de la explicación inicial de la gobernadora, sugiriendo que las implicaciones del audio van más allá de trámites administrativos de visa. Destacó que la implicación del FBI sugiere una investigación más compleja.
La situación en Baja California refleja una nueva fase en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, donde no solo se busca desmantelar redes de crimen organizado, sino también investigar a aquellos que las apoyan, abriendo posibles implicaciones legales para la gobernadora.
Con información de launion.com.mx