Tijuana, Baja California. – Diversos sectores productivos en Baja California enfrentan una grave vulnerabilidad ante la creciente incidencia de extorsión, cobro de piso y corrupción, lo que obliga a las empresas a destinar recursos significativos para su protección y, en muchos casos, a pagar cuotas a la criminalidad organizada y a funcionarios públicos. La situación ha escalado a tal punto que la inversión en seguridad, ya sea en equipos de vigilancia o personal, se ha vuelto indispensable para la supervivencia de muchos negocios. Las denuncias ciudadanas son cada vez más frecuentes, involucrando no solo a células delictivas, sino también a elementos de seguridad, inspectores y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Estos individuos, en lugar de servir al ciudadano, se aprovechan de quienes realizan actividades lícitas para obtener beneficios personales, exigiendo pagos por permisos, anuencias o inspecciones. El sector pesquero, distribuidores y vendedores de mariscos son un claro ejemplo de esta problemática. La cadena productiva completa padece la extorsión, siendo obligados por grupos criminales a comprar a distribuidores específicos o a pagar cuotas por operar en determinados territorios. Paralelamente, la inacción gubernamental, presuntamente por complicidad, permite que empresas operen sin registros adecuados, exacerbando la situación. Los yonkeros y vendedores de partes de autos usados también han alzado la voz. Se ha documentado el cobro de hasta 650 dólares mensuales por “protección” por parte de un cártel de la droga, generando ganancias ilícitas superiores a los 95 mil dólares al mes solo en este sector. Las autoridades, al argumentar la falta de denuncias formales, han sido criticadas por su inacción ante la reticencia de las víctimas a confiar en las Fiscalías. Además de la presión criminal, los comerciantes enfrentan la extorsión de servidores públicos. Inspectores municipales o estatales solicitan pagos de entre tres y cuatro mil pesos pa
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