Mexicali, Baja California. - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, publicada el 31 de agosto de 2026. Las acciones 126/2026 y 127/2026 cuestionan la autonomía de los tribunales locales y su posible conflicto con la legislación federal.
La reforma federal de septiembre de 2024 establece principios claros para la organización judicial, que buscan proteger la independencia judicial. Aunque cada estado tiene flexibilidad para adaptar ciertas normas, no pueden ignorar los principios establecidos por la Constitución. Esto plantea interrogantes sobre hasta dónde puede un congreso local legislar sin contradecir disposiciones federales.
Las recientes decisiones de la Suprema Corte en casos de Durango y Guerrero muestran la complejidad de la interpretación judicial en este ámbito. En ambos estados, la corte validó ciertos aspectos de la elección de autoridades judiciales, al tiempo que invalidó otras disposiciones que comprometían la estructura del poder judicial. Es un claro recordatorio de que la autonomía judicial es esencial y no se debe poner en riesgo en la búsqueda de adaptaciones locales.
Un punto crítico de la nueva ley es el establecimiento del límite de edad para magistraturas y jueces, que a los 70 años perderían su cargo, aunque este aspecto aún no ha sido impugnado formalmente. La Corte también ha invalidado recientemente disposiciones similares en Guanajuato y Quintana Roo, lo que indica una posible tendencia en su interpretación que podría afectar la vigente legislación de Baja California.
Mientras las impugnaciones avanzan, es fundamental que el proceso legislativo en Baja California sea examinado con atención. La participación efectiva del Poder Judicial en la elaboración de leyes es esencial para garantizar la constitucionalidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Con información de zetatijuana.com