Mexicali, Baja California. - La comparecencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local generó cuestionamientos sobre sus resultados en transparencia y combate a la corrupción. La titular, María Gabriela Monge Pérez, presentó un balance que incluye 122 auditorías realizadas y el estatus de 544 observaciones, de las cuales 286 fueron solventadas y se impusieron 75 sanciones.
La diputada Teresita Ruiz indagó sobre las observaciones pendientes y sus consecuencias, mientras que la diputada Alejandra Ang Hernández planteó interrogantes sobre la actualización de declaraciones patrimoniales. Monge Pérez señaló que el sistema DeclaraNet fue actualizado y el personal capacitado, aunque admitió que persiste la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica para gestionar la información adecuadamente.
En el análisis también se revisó el caso de la empresa Fisamex, donde la secretaria informó que hay 15 procedimientos abiertos relacionados. Además, un expediente del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado de Baja California (INDIVI) espera resolución ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por una falta grave supuesta.
La comparecencia reveló cuestionamientos sobre la vigilancia de oficinas de Recaudación de Rentas y el manejo de albergues del DIF estatal. Monge Pérez mencionó la formación de 28 comités de contraloría social para supervisar obras y citó ocho informes sobre responsabilidades relacionadas con egresos no autorizados.
Un aspecto central que quedó pendiente es la efectividad de las auditorías y el cumplimiento de las sanciones. Aunque se presentaron cifras y avances en los Procedimientos, muchas observaciones siguen sin resolverse. La discusión se centra ahora en asegurar que las irregularidades identificadas realmente se traduzcan en responsabilidad y corrección en las instituciones.
Con información de ndtnoticiasdetijuana.com