La suspensión judicial que prohíbe las corridas en Baja California aún está vigente, a pesar de declaraciones que aseguran su reanudación próxima. La estabilidad legal que imposibilita la realización de corridas de toros en Baja California continúa vigente, a pesar de que ciertos actores del ámbito taurino han anunciado el fin de las restricciones judiciales. La reciente declaración de Víctor Manuel Bowser Miret, propietario del Nuevo Toreo Tijuana, generó expectativas de que la suspensión que ha estado en vigor por más de dos años había sido levantada. Sin embargo, organizaciones defensores de los derechos animales explican que aún existe un recurso legal pendiente de resolución, específicamente un recurso de revisión contra una sentencia dictada en febrero de 2025, que mantiene la suspensión activa. Este escenario refleja las complejidades jurídicas en torno a la tauromaquia en México, donde la protección animal está respaldada por normativas constitucionales y leyes específicas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal, y leyes en materia de salud y bienestar establecen límites claros para las posibles prácticas taurinas. Además, un decreto de Baja California reconoce a los animales como seres sintientes, fortaleciendo la protección contra su maltrato. El debate en el estado se ha intensificado ante la proposición de una iniciativa en el Congreso local para prohibir formalmente las corridas, lo que convertiría a Baja California en uno de los primeros estados en hacer efectiva esta prohibición. Autoridades municipales han aclarado que actualmente no han recibido solicitudes para organizar eventos taurinos, y que, en caso de hacerlo, se negarían conforme a la ley. La tendencia social revela un rechazo creciente hacia las corridas, evidenciado por la disminución de asistentes y la pérdida de interés económico en estas actividades tradicionales. Este contexto demuestra que, aunque el discurso de quienes defienden la tauromaq
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