La expulsión de migrantes como Mario refleja un incremento en las deportaciones en Baja California, en un contexto de políticas migratorias más restrictivas en EE.UU. Durante casi 25 años, Mario construyó su vida en San Diego, California, sin imaginar que un día sería forzado a regresar a México tras una operación de deportación. La mañana en que agentes migratorios le cerraron el paso en su rutina diaria, su realidad cambió radicalmente. Tras un proceso exprés de siete días, fue expulsado a Tijuana por la garita El Chaparral, donde actualmente se encuentra bajo supervisión en el albergue Casa del Migrante. Su caso forma parte de una tendencia creciente en Baja California, donde en los primeros ocho meses del año se registraron más de 12 mil deportaciones, en su mayoría por esa misma frontera. La política migratoria en Estados Unidos ha endurecido la vigilancia y las sanciones, aumentando los riesgos y costos para quienes intentan cruzar irregularmente. La comunidad migrante continúa enfrentando un escenario cada vez más complejo, marcado por restricciones en los cruces y una frontera cada vez más cerrada, situación que afecta tanto a quienes desean regresar a su tierra como a las instituciones que brindan apoyo humanitario. Historias como la de Mario evidencian las duras consecuencias de esta dinámica en la región fronteriza.
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