Una comunidad de 27 familias en el Valle de Guadalupe enfrenta un inminente desalojo, ordenado por la jueza Marta Flores Trejo, en el contexto de un conflicto agrario en la delegación El Porvenir. La resolución judicial del 9 de julio de 2026 desechó varios juicios de amparo y autorizó el uso de la fuerza pública para llevar a cabo el desalojo.
Datos clave
- Cuándo: 9 de julio de 2026.
- Dónde: Valle de Guadalupe, Baja California.
- Cuántas familias: 27.
- Superficie en disputa: 8.4 hectáreas.
- Cuántas quejas: 63 por despojo en la región entre 2024 y mayo de 2026.
La decisión judicial se tomó a pesar de las quejas de los abogados de las familias afectadas, quienes argumentan que el proceso carece de legalidad y no respetó las suspensiones previas otorgadas por otros jueces. Los residentes han presentado una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial, cuestionando la falta de análisis sobre los casos y la legalidad de la orden de desalojo.
¿Qué significa para las familias afectadas?
Para las familias en El Porvenir, el desalojo no solo implica la pérdida física de su hogar, sino también de un lugar con profundas raíces familiares y económicas. Las comunidades han señalado que poseen documentos que demuestran su compra legítima de los terrenos a Evaristo Morales Castro, un antiguo propietario cuyo fallecimiento desató los problemas de tenencia. A pesar de sus intentos de defender sus derechos, muchos se sienten desprotegidos por el sistema judicial.
¿Qué acciones están tomando las familias?
Los residentes han comenzado una serie de movilizaciones y han hecho un llamado a las autoridades para que se respete su derecho a ser escuchados en juicio. Además, buscan que se reconozcan los errores presentados en la resolución judicial, tal como el sobrepaso en la superficie a restituir, que podría afectar a terceros que también han presentado amparos.
A medida que avanza este conflicto, las familias continúan defendiendo su derecho de posesión y exigen un proceso justo que respete sus derechos. El Poder Judicial de Baja California ha informado que el procedimiento se ha suspendido a la espera de una resolución de apelación, dejando a las familias en una situación incierta mientras esperan su destino.
Con información de zetatijuana.com