Ernesto Guillermo “N”, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada relacionado con un esquema de importación irregular de combustible conocido como "huachicol" fiscal. Esta decisión se tomó el pasado jueves por la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, quien consideró que existen suficientes evidencias para proceder legalmente contra él y otras siete personas.
Datos clave
- Quién: Ernesto Guillermo “N”, exgobernador de Baja California.
- Qué: Vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando.
- Dónde: Centro Federal de Readaptación Social "El Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México.
- Cuándo: Jueves pasado, tras más de 30 horas de audiencia.
- Cargos: Relacionados con un esquema irregular de importación de combustible.
Durante la extensa audiencia, la jueza determinó también que la prisión preventiva oficiosa es necesaria dada la gravedad de los cargos. Ernesto Guillermo “N”, de 74 años, permanecerá en "El Altiplano" mientras avanza el caso que lo involucra junto a otros acusados, entre ellos Ricardo “N” y Juan Hermilo “N”. Las acusaciones incluyen no solo la delincuencia organizada, sino también el contrabando de combustibles.
¿Qué es el "huachicol" fiscal y cómo opera?
El "huachicol" fiscal se refiere a la práctica de introducir combustible en el país utilizando documentación falsa, evadiendo impuestos y, en ocasiones, haciéndolo pasar por aceites u otros productos. Esta estrategia delictiva se distingue del robo tradicional, ya que se basa en un entramado más complejo y aparentemente legal en su presentación.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que Ernesto Guillermo “N” actuaba como el principal accionista de una empresa llamada Ingemar, supuestamente clave en la logística del combustible ilícito. Las autoridades han vinculado a la empresa con la incautación de 15 millones de litros de hidrocarburo en operativos realizados en diferentes estados del país.
Este caso tiene repercusiones significativas en el ámbito político nacional. Desde la defensa de Ernesto Guillermo “N” se argumenta que se trata de una persecución política, en contraste con la posición del gobierno federal que sostiene que las investigaciones se iniciaron hace más de un año.
Las autoridades han otorgado un plazo de seis meses a la Fiscalía para fortalecer su investigación complementaria en el expediente. Además, se investiga a la empresa Ingemar por operaciones de lavado de dinero, lo que podría amplificar aún más las implicaciones legales del caso.
Con información de diariodemexico.com