Tijuana, Baja California. – Diversos sectores productivos en Baja California enfrentan una creciente vulnerabilidad ante la extorsión, el cobro de piso y la corrupción, obligando a las empresas a destinar recursos significativos no solo a su seguridad física, sino también al pago de cuotas a la delincuencia organizada y a funcionarios públicos. Esta problemática afecta a cadenas de suministro completas y genera un ambiente de inseguridad para el desarrollo económico. Las denuncias ciudadanas sobre la implicación de oficiales, agentes, inspectores y funcionarios municipales, estatales y federales en actos ilícitos son cada vez más frecuentes. Estos servidores públicos, en lugar de proteger a los ciudadanos, se sirven de ellos al exigir pagos a cambio de permisos, anuencias o para evitar multas y clausuras por faltas inventadas o exageradas. El sector pesquero, distribuidores y vendedores de mariscos han sido severamente afectados. Las células criminales imponen la compra a distribuidores específicos y cobran piso por operar en ciertos territorios. Paralelamente, la falta de inspecciones gubernamentales, a menudo por complicidad, permite la operación de empresas, algunas sin registro oficial, que monopolizan negocios. Los yonkeros, o vendedores de partes de autos usados, han sido víctimas de extorsión, llegando a pagar hasta 650 dólares mensuales por supuesta “protección” a cárteles de la droga. Las autoridades estatales han sido señaladas por no atender las denuncias, argumentando la falta de reportes formales, a pesar de la evidente amenaza criminal. La Central de Abastos de Tijuana y otros distribuidores en el estado también sufren estas prácticas. Los comerciantes reciben volantes de grupos criminales exigiendo cuotas mensuales por protección, y simultáneamente son visitados por inspectores municipales que solicitan pagos para evitar clausuras. Locatarios de mercados en diversas delegaciones municipales, desarrolladores y comerciantes establecidos en Tijuana, Rosa
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