Tijuana, Baja California. - La reciente utilización del Instituto Estatal Electoral como herramienta política en conflictos internos entre facciones morenistas pone en peligro la libertad de expresión. Las denuncias contra periodistas por su trabajo informativo evidencian una grave preocupación sobre el estado de la democracia en el estado.
Datos clave
- Cuándo: 12 de julio de 2026
- Dónde: Tijuana, Baja California
- Quién: Dora Elena Cortez Juárez, periodista denunciada
- Qué: Denuncias electorales como forma de ataque político
La situación se ha complicado debido a la aparición de víctimas colaterales dentro del partido gobernante. Miembros de la 4T han utilizado el recurso de las denuncias electorales, especialmente sobre la violencia política que afecta a las mujeres, como un arma en su lucha de poder. Este fenómeno revela una profunda contradicción en las acciones de un partido que, bajo la bandera de la defensa de derechos, actúa de manera antidemocrática contra quienes ejercen su derecho a la información.
Un aspecto crítico de este conflicto es la difícil distinción entre críticas legítimas hacia el desempeño de las mujeres en la política y la violencia política de género. La ley establece que solo puede considerarse violencia política un acto que tenga la intención de dañar a una mujer por su condición de género. Sin embargo, en ocasiones, estas denuncias se utilizan sin una justificación clara y pueden limitar el libre ejercicio del periodismo.
¿Cómo afecta la situación a la libertad de expresión?
Las denuncias infundadas contra periodistas limitan la capacidad de estos para informar a la población. En el caso de Dora Elena Cortez Juárez, la imputación se realizó sin evidencia suficiente, basándose en comentarios de ciudadanos que no reflejan necesariamente su opinión o la de su equipo. Esto no solo afecta a la reputación de la periodista, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y objetiva.
¿Qué implicaciones tiene para la política en Baja California?
Imputar responsabilidades a periodistas bajo el pretexto de la violencia de género abre un peligroso precedente. Se transforma en una justificación para silenciar voces críticas y restringir la información, lo cual es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable. El hecho de que estas acciones provengan de instituciones públicas plantea serias interrogantes sobre el compromiso real de los funcionarios con la libertad de expresión.
El futuro de la libertad de expresión en Baja California depende de la manera en la que se manejen estas denuncias y de la voluntad de la sociedad para defender el derecho fundamental a la información.
Con información de afntijuana.info