Mexicali, Baja California. - La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha desvinculado públicamente de Carlos Torres Torres, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) impusiera sanciones sobre él y otras 20 personas por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa. "La gobernadora está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo", establece un comunicado emitido por el Gobierno estatal.
El anuncio de dichas sanciones se deriva de investigaciones que apuntan a que Torres Torres tiene conexiones con la red de “Los Mayos” del cártel. La administración estatal subrayó que “la gobernadora no figura entre las personas sancionadas” y aseguró que su fortuna está completamente declarada en el país, sin activos en el extranjero. Posteriormente, Marina del Pilar instruyó a su equipo a revisar las empresas implicadas en las sanciones para determinar la existencia de contratos con el gobierno estatal.
“Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes”, enfatiza el comunicado. Esta postura se enmarca en un contexto donde se alegan presuntos lazos entre figuras públicas de la región y organizaciones criminales, según el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, quien advirtió de la influencia corruptora de los cárteles en la administración pública.
Carlos Torres, por su parte, ha rechazado las acusaciones y anunció que buscará aclarar su situación ante las autoridades estadounidenses. Resalta que la mayoría de las empresas señaladas no son de su propiedad y que se basa en denuncias anónimas sin fundamento que datan de 2025. La OFAC también revocó su visa desde el año pasado.
La situación pone de relieve las complejas interacciones entre política y crimen organizado en Baja California, un estado que ha visto un aumento en la violencia atribuida a estos grupos delictivos.
Con información de sonorapresente.com

