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Baja California

Reforma propone reconocer la legítima defensa en casos de violencia de género

Una propuesta en Baja California busca que la defensa en violencia de género sea considerada automáticamente como legítima, reconociendo las particularidades sociales y físicas.

Por Redacción1 min de lectura
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Iniciativa busca incorporar la protección legal en situaciones de agresión, considerando las particularidades sociales y físicas de las víctimas. En un avance hacia la protección de los derechos de las mujeres, la Legislatura está evaluando una propuesta que amplía la presunción de legítima defensa en contextos de violencia de género. La iniciativa, actualmente en proceso de revisión, plantea que las agresiones físicas, psicológicas o sexuales en estos escenarios puedan ser consideradas automáticamente como defensa legítima, salvo que exista evidencia en contrario. El proyecto responde a la creciente comprensión de que las dinámicas sociales y las diferencias físicas entre víctima y agresor influyen en la respuesta ante situaciones de violencia. Además, busca reconocer que las mujeres, socializadas en roles de género tradicionales, a menudo carecen de las herramientas emocionales para reaccionar en igualdad de condiciones ante sus agresores, particularmente en episodios donde la violencia se presenta como parte de un ciclo persistente. Una historia particularmente significativa de esta propuesta es el caso de Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, una joven policía de Baja California que permaneció en prisión preventiva durante tres años tras disparar a su pareja, quien la asfixiaba en medio de una discusión. La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado reconoció que actuó en legítima defensa, lo que llevó a su libertad en 2023. La resolución destacó que el contexto de violencia y agresión física fue fundamental en la decisión judicial. La iniciativa legislativa será sometida a análisis en comisiones antes de su posible discusión en el Pleno Legislativo, donde deberá obtener la mayoría para convertirse en ley. De aprobarse, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, marcando un cambio en la forma en que se interpretan y sancionan las acciones en casos de violencia de género.

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