La tarifa mínima subió de 6 a 7.50 pesos, lo que representa un incremento del 25%, afectando la economía de miles de habitantes. Este inicio de noviembre trajo consigo un aumento en la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, que ahora custodia un incremento del 1.50 pesos respecto a la tarifa anterior. Aunque las autoridades capitalinas defienden la medida como una estrategia para mejorar la seguridad y la calidad del servicio, los usuarios reportan que el impacto económico será mayor de lo estimado inicialmente. La tarifa mínima vigente, que antes era de 6 pesos, ahora se ubica en 7.50 pesos, reflejando un alza del 25% en los costos de traslado. Este ajuste tarifario se dio tras meses de diálogo con el sector transportista, en medio de protestas y bloqueos. Los concesionarios argumentan que la tarifa más alta permitirá mantener las unidades en condiciones óptimas y evitar despidos, en un contexto donde el sector enfrenta una crisis económica persistente. A pesar de que en comparación con otros estados la tarifa en la capital es la más baja del país, para muchas familias representa un gasto adicional considerable, sumándose a otros servicios básicos. Históricamente, el aumento en las tarifas de transporte público ha sido un tema sensible para la población, ya que muchas personas viven al día y el gasto en desplazamientos representa una parte significativa de su presupuesto mensual. La cifra de pasajeros que deberán pagar más se multiplica en quienes utilizan varias rutas diarias para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas. La realidad refleja que, aunque las cifras oficiales presentan un incremento modesto, en la práctica muchas familias enfrentan una carga económica adicional que afecta su economía familiar, en un contexto de inflación y crecimiento de gastos básicos.
