Avances en propuestas para castigar el acoso escolar enfrentan obstáculos, dejando en evidencia las lagunas legales y la necesidad de acciones concretas. En la Ciudad de México, la problemática del acoso escolar sigue sin contar con una legislación específica que establezca sanciones claras para quienes lo cometen. Aunque existen protocolos internos en las instituciones educativas que promueven la mediación y la intervención temprana, estos no tienen peso legal y en muchos casos solo dan lugar a medidas disciplinarias escolares, como suspensiones o expulsiones, en los casos más severos. La ausencia de una ley particular lleva a que solo conductas penales graves, como lesiones físicas o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, puedan ser sancionadas bajo el Código Penal local. En eventos recientes, el Partido Acción Nacional propuso una iniciativa para endurecer las penas para los acosadores escolares, incluyendo cárcel y terapia psicológica, además de crear un Registro Público de Acosadores. Sin embargo, la propuesta no ha sido aprobada, resaltando así el reto de legislar sobre una problemática que afecta a miles de estudiantes y docentes en la capital. La legislación actual sólo permite que las víctimas acudan a instancias penales o civiles en casos extremos, dejando un vacío legal que puede ser aprovechado por quienes evaden sanciones menores. El Poder Judicial de la Ciudad ha recomendado estrategias de resolución de conflictos y mediación, pero no cuenta con sanciones específicas contra el acoso escolar. La falta de un marco legal claro genera incertidumbre y limita la protección efectiva de los estudiantes, quienes enfrentan un entorno donde muchas veces las acciones disciplinarias internas no son suficientes para erradicar el problema. La comunidad educativa y los legisladores coinciden en la urgente necesidad de una normativa que establezca sanciones concretas, garantizando un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
