A pesar de promesas de cambio, la estrategia de seguridad mantiene el modelo militarizado y enfrenta limitaciones institucionales y presupuestales que afectan su eficacia. La administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ha evidenciado una continuidad en las políticas de seguridad, manteniendo un enfoque mayoritariamente militarizado que remite a las estrategias implementadas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de haberse prometido un viraje hacia una mayor política policial y una estrategia más transversal, en la práctica el gobierno ha fortalecido las dependencias militares y centralizado el mando, debilitando el potencial de respuesta de las policías locales y municipales. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reiterado que no se han realizado cambios sustanciales en la estrategia previa, lo que refleja una estructura que favorece un modelo de respuesta restrictivo y jerarquizado. La narrativa de una “Policía Federal 2.0” se ha empleado más como un discurso de renovación técnica que como una transformación verdadera de la cooperación entre niveles de gobierno. La consecuencia práctica es una política que limita la autonomía local y perpetúa la visión de una seguridad controlada desde la esfera federal. A nivel institucional, García Harfuch enfrenta desafíos importantes. Su autoridad no cuenta con respaldo técnico suficiente en aspectos cruciales como inteligencia y justicia, y su dependencia de figuras clave en el ámbito digital, como José Peña Merino, limita su autonomía operativa. Además, la exposición mediática y la responsabilidad en fracasos operativos lo colocan en una posición vulnerable ante la opinión pública y el gabinete. Aunque existen promesas de incrementar el presupuesto de seguridad en 2026, la austeridad fiscal impuesta por la política nacional limitará los recursos destinados a aspectos fundamentales como capacitación, tecnología y análisis criminal. Sin un fortalecimiento en estos ámbitos, el si
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