La bancada oficialista aprueba un grupo especial para seguir las investigaciones sobre los hechos violentos en el Zócalo, marcando tensión con la oposición. En respuesta a los disturbios ocurridos el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, la bancada oficialista de la Ciudad de México aprobó la instauración de una comisión especial destinada a monitorear las investigaciones en curso. La iniciativa busca dar seguimiento a las indagatorias lideradas por la fiscal local, Bertha Alcalde Luján, y a las respuestas por parte de las fuerzas de seguridad que resultaron heridas en la confrontación. Este nuevo órgano tendrá una composición plural, integrada por representantes de diversos partidos políticos, en un intento por promover un análisis objetivo. La creación de la comisión ha intensificado el clima de polarización entre los sectores oficialistas y de oposición. Los críticos argumentan que se trata de una estrategia para presionar a figuras políticas específicas, como alcaldes y líderes del PRI, acusados de supuestamente financiar y ordenar la movilización violenta. En contraste, los opositores demandan una investigación imparcial y la transparencia en las responsabilidades, especialmente en la presunta represión de la protesta. El contexto político previo muestra que este tipo de investigaciones y acusaciones en medio de la tensión preelectoral puede profundizar las diferencias entre distintos actores políticos. La oposición recordará los episodios recientes en los que alcaldes de diferentes delegaciones han sido citados o enfrentaron cuestionamientos, incrementando las tensiones existentes y afectando el ambiente preelectoral de cara a las elecciones de 2027. La creación de esta comisión, además, refleja en el ámbito legislativo el aumento en los niveles de confrontación política en la capital. Este episodio evidencia el peso de la movilización social en un contexto de polarización creciente, donde la instrumentalización de las investigaciones puede tener impacto en
