Expertos advierten sobre riesgos a la privacidad y posibles usos autoritarios de la información recopilada. Ciudad de México. El gobierno de México ha implementado una medida que requiere la vinculación de datos biométricos de los usuarios a sus líneas de telefonía móvil, argumentando que esta acción fortalecerá la seguridad y combatirá el delito. Sin embargo, esta política ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos digitales, quienes advierten sobre los riesgos a la privacidad y la posibilidad de que esta información sea utilizada para fines de vigilancia y control. La obligatoriedad de registrar los datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la libertad individual. Si bien el gobierno argumenta que la medida es necesaria para reducir fraudes y extorsiones, críticos señalan que la centralización de esta información en una base de datos gubernamental la convierte en un blanco atractivo para ciberataques y abusos. Especialistas en seguridad informática han expresado su inquietud ante la vulnerabilidad de los sistemas de almacenamiento de datos y la posibilidad de que la información biométrica sea filtrada o utilizada de manera indebida. Además, señalan que la falta de transparencia en los protocolos de seguridad y la ausencia de mecanismos de supervisión independientes aumentan el riesgo de que la información sea utilizada para rastrear y vigilar a ciudadanos. La experiencia internacional muestra que medidas similares implementadas en otros países de América Latina han tenido resultados mixtos. En algunos casos, se han registrado filtraciones de datos y usos indebidos de la información recopilada, lo que ha generado desconfianza en la población y ha socavado la legitimidad de las instituciones encargadas de proteger la privacidad. La falta de controles claros sobre el acceso y uso de los datos biométricos también plantea interrogantes sobre la protección de
Sábado, 9 de mayo de 2026
