La propuesta contempla límites a los aumentos anuales de las rentas y un programa de apoyo económico para familias con bajos ingresos en áreas de alta demanda inmobiliaria. En un esfuerzo por abordar la crisis de vivienda en la Ciudad de México, se prepara una iniciativa de ley que establecerá límites para los incrementos anuales en las rentas de viviendas, evitando que suban por encima de la inflación. Además, se proyecta crear una plataforma digital obligatoria para el registro de contratos de arrendamiento, con el fin de promover mayor transparencia en el mercado inmobiliario. A partir de 2026, se contempla un programa de subsidios dirigido a familias de bajos ingresos y a quienes habitan en zonas donde los costos de alquiler han registrado incrementos significativos. Este apoyo beneficiará a entre 20,000 y 40,000 hogares, brindándoles recursos para acceder a viviendas en renta en condiciones dignas y en ubicaciones estratégicas de la ciudad. La jefa de Gobierno también anunció la entrega de 120 viviendas destinadas a comunidades indígenas en diferentes puntos del centro histórico, con el objetivo de fortalecer la vivienda social en el corazón de la metrópoli. La estrategia contempla construir alrededor de 3,000 viviendas nuevas al año en zonas urbanas centrales, priorizando la accesibilidad y la conectividad, a diferencia de anteriores proyectos que se habían ubicado en áreas alejadas y con dificultades de servicios básicos. Este enfoque busca transformar la política habitacional de la ciudad, promoviendo zonas con infraestructura completa y mejor calidad de vida, en línea con las necesidades actuales de sus habitantes.
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