La pasividad policial durante manifestaciones genera daños materiales y pone en crisis las estrategias de control del orden en la capital. La capacidad de la Policía de la Ciudad de México para intervenir en disturbios y manifestaciones continúa enfrentando obstáculos que limitan su efectividad. Aunque existen protocolos para el uso gradual de la fuerza, la interpretación política y las restricciones normativas han llevado a una estrategia de pasividad que favorece la impunidad y favorece la vandalización de bienes públicos y privados. En la conmemoración del 2 de octubre, las pérdidas materiales se estimaron en más de 25 millones de pesos, además de interrumpir servicios de transporte y dañar inmuebles históricos, evidenciando las consecuencias de una política de control basada en la no intervención. Este escenario refleja una distorsión en el concepto de seguridad pública, donde la falta de modelos claros y la insuficiente profesionalización en tácticas de manejo de multitudes provocan que los actuantes violentos actúen con la convicción de que no enfrentarán consecuencias inmediatas. La estrategia actual no solo debilita la confianza ciudadana en la autoridad, sino que también afecta la percepción de seguridad en la población, que se siente abandonada por un Estado que prefiere la tolerancia al orden. Para afrontar esta problemática, es imprescindible que las autoridades reconsideren la doctrina de uso de la fuerza, creen unidades especializadas y fortalezcan la inteligencia preventiva. Además, se requiere establecer mecanismos de rendición de cuentas claros y promover la capacitación continua en derechos humanos y técnicas modernas de control de multitudes. Solo con acciones concretas se podrá recuperar la eficacia y legitimidad del cuerpo policial, garantizando la seguridad y el orden en la capital.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
